El punto de llegada en esta ocasión era Nurra, una comunidad indígena en la comarca Kuna de Wargandí, a la que sólo se llega vía aérea. Ese era el destino de Auritzel De León, Jorge Chamorro y Leticia Brea, quienes acompañados por Leonardo Salmon, abogado del Tribunal Electoral, debieron trasladarse a la zona para tomar declaraciones juradas a dos testigos, por un presunto delito de utilización ilegítima de bienes y recursos del Estado.
La partida, a eso de las 8:00 a.m., fue en el helicóptero SAN-135 del Servicio Nacional Aeronaval. Lo primero que llamó la atención a De León, Chamorro, Brea y Salmon, 40 minutos después, al pisar tierra en Nurra, fue la curiosidad de los cientos de niños que habitan el poblado.
Pese a lo organizado de este tipo de misiones, con uno de los factores con que no cuentan los funcionarios es con la disposición de los testigos a colaborar con estas investigaciones. Inicialmente, el Saila de la comunidad dijo no conocer a ninguna de las personas citadas.
De hecho, hubo que tomarle una declaración jurada a él (con un traductor), pues tras reunir a todas las mujeres del pueblo en el Congreso de Nurra, al tratar de confirmar su identidad con las cédulas de cada una y su lugar de residencia, no se pudo verificar ninguna información. Había concluido la diligencia.
Antes de partir hacia el siguiente poblado, los funcionarios fueron informados por la tripulación del SAN – 135 que debían esperar unos 40 minutos a que el motor de la aeronave “descansara”, no podía alzar el vuelo de inmediato, pues el procedimiento de vuelo así lo requería.
Al concluir la diligencia en Nurra, la misión se trasladó a Uala, dentro de la misma comarca. Aterrizaron en un espacio descampado usado para jugar fútbol y, para llegar hasta las viviendas, debieron cruzar un río en piragua, pues era necesario para recibirle declaración jurada a una persona denunciada por supuesta utilización de bienes y recursos del Estado.
Las diligencias judiciales en la comarca Wargandí terminaron sin contratiempos, por lo que, esa misma tarde los funcionarios fueron trasladados vía aérea a Puerto Obaldía y La Miel, en la comarca Kuna Yala, pueblos fronterizos con la República de Colombia bañados por las aguas del Mar Caribe. La misión debía concluir ese mismo día.
En esos lugares, los investigadores de la Fiscalía Electoral Segunda recibieron cuatro declaraciones juradas y una declaración indagatoria, diligencias que forman parte de un expediente por supuesto delito contra la honradez y eficacia del sufragio, es decir, impedir ejercer el derecho al sufragio y negligencia en las funciones de un servidor público.
Al final, se logró verificar el hecho delictivo y, de esta forma, completar parte del proceso, sin embargo, para lo que no estaban preparados era para tener que pernoctar en ese sitio, pues debido a una emergencia médica el helicóptero los dejó y debió seguir camino a Jaqué, en la provincia de Darién.
La urgencia en el traslado de algunos heridos a la ciudad capital desde Jaqué, impidió que la tripulación regresara ese mismo día a buscar a los funcionarios. No fue hasta el día siguiente, después del mediodía, en que el SAN – 135 acudió a Puerto Obaldía para transportar a los investigadores de regreso a la fiscalía.
A la luz de guarichas, con un calor insoportable y acompañados por una nube de mosquitos y chitras, los funcionarios debieron dormir en camas con colchones de madera en las chozas de los indígenas por el contratiempo. Después de un no tan reparador sueño, temprano en la mañana, despertaron para prepararse para la partida.
Pero la situación climática les deparaba otro obstáculo. Intensas lluvias y una tormenta eléctrica con fuertes ráfagas de vientos, impidieron que el SAN – 135 aterrizara en Puerto Obaldía y así poder completar la misión. No fue sino, hasta cerca de las dos de la tarde, que el aparato pudo recoger a los viajeros, quienes pasaron un susto en las alturas, pues cada cierto tiempo el helicóptero era estremecido por la brisa.