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Ministerio de Gobierno y Justicia

Se trata de Jorge Ricardo Fábrega y Oscar Armando Osorio Casal quienes fueron designados por el presidente de la República, Ricardo Martinelli, en el Ministerio de Gobierno (Mingob) y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida), respectivamente.

Fábrega se desempeñó hasta ahora como director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Attt), mientras que Osorio, zootecnista con especialidad en ganado y reproducción porcina, ingresa al Ejecutivo proveniente de las filas del sector empresarial, con amplio conocimiento en el sector agropecuario-comercial.

Osorio se ha desempeñado en el Mida como es técnico de campo para productores de leche y jefe del programa de inseminación artificial, además ha destacado en la dirigencia de la Anapor.

Ambos nombramientos están contenidos en los decretos 7 y 8, firmado por el presidente Martinelli, fechados el 13 de enero de 2012; designaciones que comenzarán a regir a partir de la toma de posesión.

El movimiento de Fábrega de la Autoridad del Tránsito al Ministerio de Gobierno obedece a la renuncia de la ex ministra Roxana Méndez quien asumió el cargo de Alcaldesa de la capital; mientras que el nombramiento de Osorio Casal en el Mida se realiza ante la salida del ex ministro Emilio Kieswetter, decisión que tomó por asuntos personales y familiares.

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Por: Nitzia Ríos – KW Continente
La Ministra de Gobierno, Roxana Méndez, presentó en la Asamblea Nacional dos proyectos de ley, uno de los cuales, está dirigido a modificar la Ley 85 para contratar a personal de seguridad privada para trasladar a los reos a las audiencias y recibir atención médica, crear los patronatos del sistema penitenciario y para que los agentes de vigilancia de estos centros de reclusión entren en la carrera penitenciaria.

El proyecto incluiría el requisito que los agentes de vigilancia de los centros penitenciarios no pertenezcan a ningún partido político.
Otro proyecto que planea presentar la Ministra de Gobierno a la Asamblea, es uno para formalizar la situación de más de 800 migrantes indocumentados que permanecen, algunos desde hace 14 años, en Darién.

Por: Darys Arauz-Somoza / KW Continente
En los distintos centros penitenciarios se contratarán nuevos custodios civiles, por el Gobierno Nacional y de esta ofrecer un mejor servicio y concretizar un plan nuevo de rehabilitar al reo, detalló Roxana Méndez, Ministra de Gobierno. La misma expresó que ha firmado convenios con otras entidades gubernamentales, como Pandeportes, MEDUCA y otras, para fomentar actividades formativas y educativas para que así, una vez el reo cumpla su condena esté capacitado para desarrollar otras actividades.

Dijo que la prioridad del Gobierno Nacional es una rehabilitación e inserción de los detenidos de manera que cuando salga de pagar sus condenas pueden desenvolverse en la sociedad con un trabajo digno con que ganarse la vida.

Méndez detalló en TVN Noticias, con relación a la alambrada que se ha colocado en los perímetros de los penitenciarios La Joyita y la Joya, es para una extrema vigilancia que ahora impiden, por ejemplo, lanzar objetos pues hay varios tramos con alambradas que hacen difícil recuperar esos objetos, sin ser detectados.

La titular de seguridad reveló que entre otras medidas de seguridad como es el bloqueo de las llamadas desde y para destinatarios encarcelados, trabajos cuya primera fase esta culminada en la Cárcel de David, La Chorrera y el Centro de Rehabilitación Femenino pro se realizan los ajustes para que los residentes cercanos se vean afectados por el dispositivo

En cuanto al tema de los temores del reo “Wild Bill” con respecto a su vida, Méndez contestó que este señor está en una celda con buena protección que es un privilegio porque está solo y que son los mismos detenidos lo que están temerosos de él porque haber matado a seis personas.

La Comisión de Gobierno y Justicia de la Asamblea Nacional acogió las modificaciones realizadas a los proyectos mediante los cuales se crea el Ministerio de Seguridad Pública y se reorganiza el Ministerio de Gobierno y Justicia, para proceder a su aprobación en primer debate.

Las iniciativas ofrecerán un mejor accionar en contra del crimen organizado, por un lado, y reorganizarán el Ministerio de Gobierno y Justicia como Ministerio del Interior, con la misión de asistir al Presidente de la República en los temas relacionados con el gobierno político interno, la seguridad interior y el ejercicio pleno de los principios y garantías constitucionales.

Entre sus objetivos, el Ministerio de Seguridad Pública promoverá la formulación de la política de gobierno en materias relativas al orden público interno y la participación ciudadana en la vida y organización socio-política de la República de Panamá.

Mediante la iniciativa, se propone una estructura organizativa de siete niveles, presidida por un Nivel Político Directivo, que estará a cargo del Ministro de Seguridad Pública, un Nivel Coordinador, un Nivel Asesor, un Nivel Fiscalizador, un Nivel Auxiliar de Apoyo, un Nivel Técnico y un Nivel Operativo, con la participación de los servicios de la Fuerza Pública.

Cabe destacar que el Nivel Operativo estará conformado por la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval, el Servicio Nacional de Fronteras, la Dirección de Investigación Judicial y el Servicio Nacional de Migración, para incorporar de esta forma todos los estamentos de seguridad al Ministerio, lo que contribuirá en el desarrollo de mecanismos efectivos de lucha contra la delincuencia.

Durante el debate, se acordó que el Servicio de Protección Civil se mantendrá dentro del Ministerio del Interior.

En cuanto a la reorganización del Ministerio de Gobierno y Justicia, como Ministerio del Interior, se destacan la atribución de funciones específicas relacionadas con el gobierno político interno, la seguridad interior y el ejercicio pleno de las garantías constitucionales.

La responsabilidad que conlleva la operación de la Dirección Nacional de Correos y Telégrafos, la Dirección Nacional de Pasaportes, los Cuerpos de Bomberos, las Gobernaciones y la Junta Nacional de Censura, entre otros, hacen mérito para que el actual.

Ministerio de Gobierno y Justicia reestructure su organización, a fin de que coordine el sector de administración del gobierno, corrección y justicia.

Las discusiones contaron con la participación de los viceministros de Gobierno y Justicia, Alejandro Garuz y Jorge Ricardo Fábrega, así como del licenciado Danilo Toro, miembro de la sociedad civil.

En busca de brindarle mayor seguridad al pueblo panameño, el Consejo de Gabinete aprobó el Proyecto de Ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio del Interior, dividiendo el actual Ministerio de Gobierno y Justicia que data de principios de la República (1903). De esta manera concentra su acción en brindar calles seguras.

La propuesta, presentada ante el Gabinete por el ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino, especifica que el Ministerio de Seguridad Pública concentrará la tarea de planificar, coordinar y dirigir a los estamentos de seguridad del país para combatir el narcotráfico, la delincuencia y proteger las fronteras.

El nuevo Ministerio de Seguridad tendrá bajo su responsabilidad la coordinación de las siguientes instituciones:

  • Policía Nacional
  • Servicio Nacional de Fronteras
  • Servicio Nacional Aeronaval
  • Servicio Nacional de Migración

Bajo el Ministerio del Interior estarán las siguientes instituciones:

  • Las gobernaciones
  • Cuerpos de bomberos
  • Sistema Nacional de Protección Civil
  • La Oficina Nacional para la Atención de Refugiados
  • La Dirección General de Correos y Telégrafos
  • La Dirección General de Política Indigenista
  • La Dirección Nacional de Gobiernos Locales
  • La Dirección Nacional Pasaportes
  • La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre
  • La Autoridad de Aeronáutica Civil
  • La Dirección General del Sistema Penitenciario

El Gabinete también aprobó una resolución en la que se autoriza al Ministerio de Gobierno y Justicia la presentación de estas sendas iniciativas ante la Asamblea Nacional.

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Por: Birna Yulissa Quintero – KW Continente
A pesar de reconocer los altos niveles de inseguridad que enfrenta el país, el ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino, hizo un llamado a los medios de comunicación para que no brinden tanta importancia a la crónica roja. Fué enfático que la Policía Nacional triplicó de 9 a 27 mil los operativos, en los primeros seis meses de Gobierno.

El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley que crea el Cuerpo de Bomberos de Panamá que busca rediseñar ese organismo y sus competencias en materia de seguridad, prevención, control, extinción e investigación de las posibles causas de incendios.

El proyecto de ley, que basa su sustento en que esta institución se ha quedado atrás en el marco de la modernización, actualización y tecnologías de puntas, necesarias para prevenir, combatir incendios y salvar vidas, fue presentado por el ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino y sustentado por el viceministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega.

En declaraciones previas, el viceministro Fábrega explicó que la nueva ley del Cuerpo de Bomberos establece las bases para la autonomía e independencia de la institución bomberil, al crear un patronato integrado por representantes del gobierno y de la sociedad civil, garantizándole fortaleza económica al autorizar la creación de un fideicomiso.

Los dividendos serían invertidos exclusivamente para el equipamiento de equipos modernos para combatir incendios, compra de equipo rodante y la capacitación de los miembros de la institución. Se crea una dirección nacional, cuyo director y subdirector serán nombrados por concurso por el patronato y se hace énfasis en el respeto de la carrera de camisas rojas.

El proyecto, dijo Fábrega, fue consensuado, debatido y consultado ampliamente ante el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría, para conocer sobre la viabilidad económica y lo referente al Patronato.

A los bomberos se le mantiene el sobresueldo del cinco por ciento (5%) del sueldo base por cada cuatro años de servicios continuos, y la jubilación con el último salario devengado al completarse los 25 años de servicios continuos.

También se les reconoce en el proyecto de ley sus derechos a jubilación especial a los 25 años y se les hace justicia a los bomberos voluntarios con más de 25 años de servicios ininterrumpidos, reconociéndoles una contribución mensual no menor del costo de la canasta básica familiar.

En Panamá hay 11 zonas y 43 compañías independientes conformadas por miembros voluntarios, administrativos y permanentes.

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El Ministerio de Gobierno y Justicia sustentó ante la Asamblea Nacional un presupuesto de 519.8 millones de balboas para el 2010, de los cuales 336 millones de balboas (64.7%), serán destinados para los estamentos de la Fuerza Pública y la ejecución de los programas de seguridad ciudadana ante los altos índices de crímenes en el país.

El ministro José Raúl Mulino detalló ante la Comisión de Presupuesto, que la institución se siente cómoda con el presupuesto para el próximo año, que es superior en 33% en comparación a la vigencia fiscal del 2009, es decir, un aumento de 129 millones.

Señaló que para gastos de funcionamiento de las diversas entidades del Ministerio de Gobierno y Justicia, se asignaron 375.2 millones de balboas y para inversiones 144.6 millones.

Las mayores cifras del presupuesto serán destinadas a la Policía Nacional, 208.3 millones para funcionamiento y 21.3 millones para inversiones, que incluyen la adquisición de equipos para combatir la delincuencia y el aumento de sueldos a los agentes de seguridad pública.

“A partir del 2010, trataremos de darle mayor énfasis al rubro de inversiones públicas”, destacó Mulino, quien señaló que se rehabilitarán las infraestructuras de las entidades de la Fuerza Pública en deterioro y se realizarán mejoras a las aeronaves para el patrullaje.

El presupuesto fue distribuido en 401.7 millones de balboas para el Viceministerio de Seguridad Pública y 26.6 millones para el Viceministerio de Gobierno.

En respuesta a pregunta del diputado opositor Gabriel Méndez sobre las inversiones para el sistema penitenciario del país, el ministro Mulino precisó que se asignarán 30 millones de balboas en el 2010 para las cárceles.

Asimismo, respondió al diputado oficialista Miguel Fanovich, que no es bala con bala que se van a acabar con las pandillas, por lo que se ejecuta un programa de acercamiento y pacificación con estos grupos de delincuentes involucrados en la mayoría de los asesinatos por “tumbes de drogas”.

Mulino reconoció que el problema de la droga, la plata y la lucha por los territorios por parte de los pandilleros se está agravando. Afirmó que, no obstante, se realizan los esfuerzos conjuntamente con la Policía Nacional para mitigar las acciones criminales de estas organizaciones.

“Nos preocupa que las pandillas todavía no hayan encontrado la paz, por lo que estamos realizando conversaciones con ellos para la resocialización”, destacó, por otro lado, el director de la Policía Nacional, Gustavo Pérez.

En tanto, la Policía Canalera contará con 10.3 millones de balboas para funcionamiento; el Servicio Aeronaval con 24.9 millones para funcionamiento y 23.8 millones para inversiones; el Servicio de Fronteras con 24.2 millones para funcionamiento y 1.4 millón para inversiones; la Dirección del Sistema Penitenciario con 21.2 millones para funcionamiento y 30 millones para inversiones.

Asimismo, el Cuerpo de Bomberos contará con 9.2 millones para funcionamiento y 19.1 millones para inversiones; el Servicio Nacional de Migración con 6.4 millones para funcionamiento y 3 millones para inversiones, y el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) con 2.2 millones para funcionamiento.

Brindar a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia la oportunidad de participar del proceso de elección para escoger al presidente y vicepresidente de esa corporación de justicia, es el objetivo del proyecto de ley que presentó ante el pleno de la Asamblea Nacional, el ministro de Gobierno y Justicia, Raúl Mulino.

Explicó el ministro Mulino que el proyecto mantiene el principio de nombramientos escalonados que consigna la Constitución Política, y solo afecta la fecha de elección del presidente y vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, así como de los presidentes de las respectivas salas de la corporación de justicia que cambia de octubre a enero.

Dijo que con la modificación se corrigen algunas fechas que quedaron desfasadas producto de las reformas constitucionales, tales como el calendario de cierre de la Asamblea Nacional y la elección de la Junta Directiva de la Corte Suprema de Justicia.

Precisó que la norma respeta el nombramiento cada dos años del presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Informó que para la elección de los nuevos magistrados se cuenta con un mecanismo distinto, en donde se someterá a todo aquel que cuente con los requisitos al escrutinio no solo de la Asamblea Nacional, sino de una comisión amplia en donde hay representantes de los gremios de abogados, del Ministerio de la Presidencia, del Ministerio de Gobierno, Justicia y Paz y del Colegio de Abogados.

Dijo que los nuevos magistrados serán elegidos para participar de la sala Penal y de la contencioso administrativo.

-De taxista de Panamá Oeste-

Luego de que los equipos legales de la Presidencia de la República y del Ministerio de Gobierno y Justicia revisaron los permisos provisionales para la operación del transporte selectivo en Arraiján, que fueron suspendidos, se comprobó que la documentación está en orden y no existe ningún tipo de irregularidad.

Los abogados revisaron 294 expedientes de los cuales 279 no tienen discrepancias. Aunque, 60 de estos requieren una corrección de la ATTT, debido a que los datos fueron anotados con errores. Otros 15 están pendientes de verificación por inconsistencias en la documentación aportada por los solicitantes.

Los expedientes fueron aprobados durante el gobierno anterior, que recibió los documentos de los transportistas, pero fue en esta administración que se confeccionaron los permisos, los cuales fueron firmados por Roberto Moreno, quien en ese momento estaba a cargo de la Autoridad del Tránsito (del 26 al 29 de julio), ante la ausencia de su directora.

Entretanto, el viceministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, quien fue designado por el Ejecutivo para encargarse interinamente de la dirección de la ATTT, tomó posesión del cargo esta mañana.

El viernes en Consejo de Gabinete será presentado el Proyecto de Ley que fusiona la ATTT con el Ministerio de Obras Públicas y se crea el nuevo Ministerio de Infraestructura Vial y Transporte.

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