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Asamblea Nacional de Diputados

Propuesta en Asamblea: Inhabilitar empresas envueltas en corrupción

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Luego de tres días de discusión y declarado en sesión permanente, el pleno concluyó la primera vuelta de la ronda con relación al Proyecto de Ley 514, anticorrupción, de la cual surgieron ideas como inhabilitar permanentemente a las empresas para contratar con el Estado cuando se compruebe su relación en actos de corrupción y también con respecto a los pasos para el término de una investigación.

El pleno, que discute esta normativa en segundo debate, consideró que es necesario ahondar aún más en el tema pues surgen diferentes propuestas de modificaciones al texto original, que tiene como fin eliminar cierto régimen de impunidad a los que participen en los delitos de corrupción contra la administración pública.

Una vez culminó la primera ronda, se leyeron algunas propuestas, entre ellas, establecer la tortura como una de las causales de no prescripción. Además, se excluyen los delitos de concusión y exacción, tráfico de influencias, abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos.

También se propone que cuando una persona jurídica sea usada o creada para cometer delito, siempre que sea beneficiada por él, se le aplicará, entre otras sanciones, la inhabilitación permanente para contratar con el Estado.

Surgió otra con respecto a cambiar el artículo 10 de la Ley de Contratación Pública, referente a la incapacidad legal para contratar cuando la empresa haya sido condenada en Panamá o en el extranjero, por sentencia judicial definitiva, por la comisión de delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales o cualquier otro delito contra el orden económico, terrorismo, financiamiento de terrorismo y de seguridad colectiva.

Se procederá a la suspensión de la investigación o proceso en aquellos casos en que el investigado, imputado, enjuiciado o procesado, solicite a una oficina pública la prueba que lo desvincule o exima de responsabilidad penal y esta no le sea concedida dentro de un término de dos meses a solicitud de parte del Ministerio Público o de un tribunal, porque la misma fue deteriorada, destruida, extraviada o se deniegue su entrega.

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