Pronunciamiento del PRD a 30 meses del Período Constitucional 2014-2019

Pronunciamiento del PRD a 30 meses del Período Constitucional 2014-2019

CONCIUDADANOS:

El Partido Revolucionario Democrático expresa su desacuerdo con el informe  rendido hoy, dos de enero de 2017, por el presidente Juan Carlos Varela ante la Asamblea Nacional de Diputados, por inexacto y contradictorio con la realidad que se vive en Panamá.

El balance realizado por las comisiones especiales del PRD revela que entre los años 2011 y 2015 la economía panameña cayó de un 10.8% a un 5.8%,  y la última estimación de la Contraloría General de la República indica que para el 2016 esa cifra apenas alcanzará un 4.9%.

El entorno económico de Centro y Suramérica, unido a la necesidad de cambiar el modelo de comercio de la Zona Libre de Colón para adecuarlo a las nuevas exigencias de la globalización, mantienen a este motor económico en una situación crítica, sin que el gobierno haya encontrado una propuesta para salir adelante.

 

Se unen a esa realidad con una baja considerable en su desempeño, los sectores de la construcción, de la industria manufacturera y de la producción de concreto y premezclados.

Los indicadores del mercado laboral también acusan una disminución de los contratos de trabajo y una creciente inmigración que  presiona sobre la economía.

La consecuencia inmediata de esta situación es la desaceleración de nuestro crecimiento; urge la reactivacion de la economía. Se debe volver  al cumplimiento de la  Ley de Responsabilidad Social- Fiscal.

El Estado debe cumplir con los pagos a los proveedores, pasando de los 7 meses que toma hoy, a 60 días; se debe acelerar la ejecución del presupuesto de inversiones recortando el período de contratación de 208 a 90 días; reestructurar los entes reguladores con transparencia y racionalizar la inversión pública en función de las prioridades nacionales.

La deuda dejada por el gobierno anterior, más los proyectos licitados en el actual, han endeudado al país de manera desmedida.

Cuando finalizó el gobierno de Martín Torrijos, la deuda pública ascendía a 10,972 millones de dólares; con el gobierno de Ricardo Martinelli ésta deuda se disparó a 17,227 millones, a los que habría que sumarle cerca de 5,000 millones de proyectos llave en mano.

Es decir, gracias a la corrupción de la pasada administración, mediante el desarrollo de proyectos de infraestructura con enormes sobreprecios, Panamá se endeudó en 5 años, más que en 106 años de República. Mientras, la actual administración, en la mitad de su período, ha incrementado la deuda pública contabilizada en cerca de 4,500 millones de dólares, lo que implica un ritmo de endeudamiento similar al de la administración Martinelli.

Al día de hoy, la deuda pública contabilizada asciende a 21,690 millones de dólares, y como van las cosas, al final de su período, la administración de Juan Carlos Varela superará con creces los 25,000 millones de dólares, sin contar lo pendiente de los proyectos llave en mano.

Todas las obras de infraestructura contratadas por la pasada y la presente admnistración pudieron desarrollarse sin semejante endeudamiento, al cual sólo se ha podido llegar por los altos niveles de corrupción que aún perduran en la administración pública.

Prueba de esta aseveración, es el caso de la empresa brasileña Odebrecht. Una simple comparación entre los costos de la Cinta Costera 1 y los tramos 2 y 3 demuestran los excesivos sobreprecios que fueron a parar a las cuentas bancarias de empresarios y políticos corruptos.

Durante años hemos denunciado desde la oposición, el excesivo costo de la línea 1 del Metro, comparado con los precios de obras similares construídas en la región, durante el mismo período.

De manera sorprendente y sospechosa la actual administración, sin hacer los auditos que correspondían, decidió otorgarle a la misma empresa tan cuestionada, nacional e internacionalmente, la línea 2 del metro con costos similares a los de la línea 1.

Igual comparación podríamos hacer con otras obras importantes de infraestructuras desarrolladas en la pasada administración, cuyos niveles de precios se mantienen durante la actual.

Lo anterior nos plantea la necesidad de incorporar a la Ley de Contrataciones Públicas, objetada por el Ejecutivo y pendiente de debate en la Asamblea Nacional de Diputados, las modificaciones que sean necesarias para evitar que los recursos del Estado se sigan dilapidando de esta manera.

La corrupción castiga a los más humildes de nuestra sociedad, a los que necesitan escuelas, centros de salud, caminos de producción, agua potable y electricidad; en fin, a los sectores que más necesitan la atención del Estado.

 

SECTOR AGROPECUARIO

Mientras hay sobreinversión en algunos sectores, en otros escasea. Tal es el caso del sector agropecuario, que aporta cerca de 1,000 millones de dólares al Producto Interno Bruto, aproximadamente un 2%, lo que significa que hay un gran potencial de crecimiento si se implementaran políticas adecuadas para impulsarlo.

Hoy, solo el 2.5% de nuestros productores recibe crédito, y el monto del mismo ha disminuido alrededor de un 8% en los últimos 5 años;  el acceso a la tecnología solo llega a menos del 3% del total de productores, lo que ha traído como consecuencia la depresión paulatina y progresiva de la actividad agropecuaria.

El PRD no coincide con la afirmación de que ha aumentado la producción agropecuaria. La autorización de cuotas de importación en distintos rubros en los que otrora Panamá fue autosuficiente, so pretexto de abastecer el mercado nacional, demuestra lo contrario.

Las sobre importaciones de productos no sólo rompen los acuerdos alcanzados y provocan grandes pérdidas a la producción nacional, sino que continúan privilegiando a un grupo de “importadores amigos del poder” en detrimento de nuestros productores, sin ningún beneficio en los precios a los consumidores y sólo se justifican por los altos niveles de corrupción que aún subsisten.

El año pasado en esta misma fecha, el presidente Varela prometía controles en las importaciones de productos como el arroz, la papa y la cebolla, sin embargo no se ha cumplido, y solo en  noviembre del año pasado el mercado local fue indebidamente saturado de arroz.

Es imperativo encarar con prontitud las consecuencias de la implementación de los Tratados de Libre Comercio, ya que sin la acción oportuna del estado dejamos en la indefensión a sectores importantes de nuestra actividad agropecuaria, poniendo en peligro nuestra soberanía alimentaria

El PRD propone ampliar y agilizar el crédito, invertir en tecnología e investigación, incrementar las capacidades y la asesoría técnica del estado a nuestros productores y acompañarlos en el proceso de producción y comercialización.

Así mismo hay que observar con una actitud crítica  el incremento en los precios de la canasta básica a pesar del control impuesto a determinados productos. Mientras el incremento de precios de los productos regulados alcanzó 0.7%, los alimentos de consumo cotidiano no regulados han subido dramáticamente. Por ejemplo, las frutas 10%, los frijoles 11.5% y las legumbres 5.3%.

Similares incrementos registran otros productos de necesidad cotidiana: los medicamentos; el combustible; el transporte no regulado de pasajeros y la educación.

La capacidad de compra de los panameños se ha visto mermada de manera creciente.

Irónica e inexplicablemente, durante los gobiernos de Martinelli y  Varela se rebajaron los impuestos a la importación de productos alimenticios, pero estas rebajas no fueron transferidas a los consumidores. Los beneficiados fueron los importadores y los dueños de supermercados.

 

DESARROLLO HUMANO Y DESIGUALDAD SOCIAL

Si bien la economía panameña mostró altos niveles de crecimiento por un largo período, no ha mostrado los mismos resultados en un desarrollo económico integral y menos aún en nuestro desarrollo humano.

Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo, indican que para el año 1996 los asalariados recibían el 37.6% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que los inversionistas representaban el 35.1%.

Para el año 2014, de acuerdo a las últimas cifras publicadas, los asalariados recibieron el 27% de un PIB mayor, mientras que los beneficios de los inversionistas representaron el 61%. Es decir, hoy Panamá es un país más rico, pero profundamente más desigual.

Combatir la desigualdad y lograr un modelo de desarrollo económico con  equidad, representa el gran reto de ésta y las futuras generaciones de panameños.

 

SEGURIDAD PÚBLICA

En materia de seguridad, el gobierno nacional se enfoca en las estadísticas pensando que la reducción de los homicidios es sinónimo de reducción de la inseguridad, cuando la realidad muestra que los delitos que más impactan y afectan hoy día a la ciudadanía, son el hurto, el robo a mano armada, la violencia doméstica y la violación carnal, los cuales registran un franco aumento. No ha habido capacidad y voluntad para enfrentar la actividad delictiva.

Afirmar que hemos avanzado en el control de las pandillas y su relación con el crimen organizado o que la incertidumbre colectiva equivale a una mera percepción, es decirle a la sociedad que miente, que su tragedia en esta materia es un invento. Los delitos, sin embargo, le dan la razón a la sociedad, ante la incoherencia entre las aseveraciones oficiales y la realidad que viven los panameños.

La aplicación de una política criminológica integral, que más allá de la represión del delito aborde de manera sinérgica el fenómeno social, con presencia de las instituciones del estado en las comunidades que lo requieran, mediante los programas sociales, el deporte, la cultura y la educación, entre otros, así como la participación de los gobiernos locales y la propia ciudadanía organizada, es el único camino para volver a tener niveles de seguridad aceptables.  Aunque para ello se requiere un gran liderazgo nacional del que hoy carecemos.

 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

La administracion de justica en Panamá se encuentra en una grave y prolongada crisis. El Pacto de Estado por la Justicia propuso una reforma judicial integral.

La adopción de una nueva codificación penal y de un nuevo código de procedimiento penal, así como la aprobacion de la Ley de Carrera Judicial y la adopción del nuevo Sistema Penal Acusatorio, deberían representar notables  avances en dichos propósitos, sin embargo, la falta de voluntad de la pasada y la actual administración, reflejada en las disposiciones de carácter presupuestario, ha impedido, tanto al Órgano Judicial como al Ministerio Publico, reforzar sus capacidades para brindarle a la sociedad el servicio debido.

Las deficiencias de nuestro sistema de Justicia no solo son atribuibles al arrastre  de administraciones anteriores, sino a la falta de los recursos necesarios para implementar la modernizacion que el sistema requiere.

A la mora judicial acumulada al año 2014 y ante la desmedida corrupción de la pasada administración, se sumó una cantidad innumerable de procesos que agravan esta situacion.

Frente a todo esto el actual gobierno debió adoptar las medidas correspondientes para reforzar las capacidades tanto del Ministerio Publico y del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, como del Órgano Judicial a fin de afrontar el nuevo caudal de casos que por su naturaleza resultaban complejos.

No haber actuado como correspondía ha generado fracasos en procesos anticorrupcion iniciados a principios de esta administracion y frente a los cuales no se visulizan resultados satisfactorios, lo que podría generar una gran frustacion en la sociedad.

El PRD propone reactivar la ejecución del Pacto de Estado por la Justicia, y dotar a nuestras instituciones de los recursos necesarios para implementar la agenda de la Reforma Judicial.

 

SALUD

Una mala gestión administrativa persiste en el sector Salud, que  provoca la falta de medicamentos, insumos, reactivos y cupos médicos y largas listas de espera en los centros de atención.

De manera sorprendente el Estado pierde 1.5 millones de dólares  en vacunas contra la influenza que se vencieron, porque  las dosis no fueron aplicadas  oportunamente, poniendo en riesgo la vida de miles de panameños.

Se requiere una mayor  formación del recurso humano, profesional y técnico, crear nuevas plazas laborales y  mejorar su distribución, de acuerdo a las necesidades integrales de las comunidades.

Continúan las largas listas de espera para realizar cirugías en los complejos hospitalarios de la capital,  pero también en los hospitales de segundo nivel y en las policlínicas del interior.

El gobierno habla de proyectos para el mejoramiento de la red  de distribución de agua, pero en las comunidades que hay en la periferia de la propia ciudad capital no hay agua, el problema no ha sido resuelto, ha empeorado.

Tampoco se atienden los problemas que se acumulan en los  programas de Administracion, Enfermedad y Maternidad e  Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), en un claro acto de negliencia y de violacion a la ley.

En el sector Salud es necesaria una política pública para los próximos 20 años, coherente, sostenida, viable,  que fortalezca  la atención primaria y  que consulte con la población. No hacerlo es establecer un detonante peligroso para la estabilidad social.

 

EDUCACIÓN

En Panamá se debe materializar, de una vez por todas, un gran acuerdo nacional para modernizar nuestro sistema educativo. Durante varias décadas distintas administraciones han postergado  decisiones estratégicas derivadas de diversas mesas de diálogo. El gobierno actual ha sido incapaz de enfrentar esta situación.

Mientras tanto seguimos sin vencer la deserción estudiantil, persiste  la falta de maestros y profesores en muchos centros educativos, así como escuelas sin infraestructura física adecuada y sin condiciones sanitarias básicas. Además,  un número importante de educadores no cobra sus salarios sino hasta cuando termina el año escolar. Sin corregir estos problemas, la sociedad panameña no puede aspirar a los cambios cualitativos que requiere.

El PRD propone elevar la educación a una política prioritaria del estado, implementando, de una vez por todas, los acuerdos de los diálogos por la educación desarrollados en pasadas administraciones.

 

AMBIENTE

Aún cuando nuestro partido propuso y respaldó la creación de un Ministerio de Ambiente, tal decisión no ha tenido los efectos esperados en la aplicación de políticas públicas más robustas hacia el sector.

La carencia de procesos transparentes, así como una institucionalidad  debilitada y la necesidad de  profesionalización de los funcionarios, constituyen problemas que impiden la aplicación de políticas efectivas del Estado.

Se publicita en alta voz la supuesta preocupación por la situación ambiental del planeta, pero no se destinan recursos  para una educación ambiental de calidad y de cobertura nacional; las llamadas Comisiones Consultivas transitan en la inoperancia y no existe una política forestal de corto, mediano y largo plazo.

La meta de reforestar 1 millón de hectareas en 20 años en este momento resulta una quimera. Lograrlo requerirá un gran esfuerzo de las futuras administraciones.

 

TRANSPORTE

Hace unos años se le dijo a la sociedad panameña que la única manera de modernizar el transporte colectivo metropolitano, era entregándole ese servicio a grandes empresas para que lo hicieran eficiente.

Los hechos han sido abrumadores. Hasta el momento, el sistema de transporte Metrobus, ha sido un fiasco y le ha costado al pueblo panameño alrededor de mil millones de dólares.

A los transportistas panameños se les otorgó 96 millones para compensar 3,200 autobuses, por prestar el servicio durante 40 años, con subsidios mínimos.

Este gobierno compensó a la empresa Mi Bus con 260 millones de dólares, por prestar el servicio durante 4 años, con una flota de tan solo 1,236 buses y habiendo costado al Estado cerca de 600 millones de dólares sólo en subsidios al costo del pasaje.

No existe correspondencia entre los multimillonarios costos que se ha hecho pagar al Estado y la eficiencia en el servicio que reclaman y merecen los usuarios.

Para resolver el problema del transporte público en el área metropolitana, es necesario reestructurar las rutas servidas y encontrar los mecanismos para agilizar el recorrido vial, haciendo las inversiones que correspondan; entre otros, la construcción de los carriles dedicados.

Por otro lado la integración de todas las unidades a un sistema de alimentación al Metro y Metro Bus, debe hacerse dentro de los parámetros establecidos por la ley y no de la manera desordenada como está ocurriendo.

 

VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA

En materia de vivienda, es evidente que la actual administración está lejos de cumplir su promesa de construir 100 mil nuevas unidades en 5 años. A 30 meses de gestión y según sus propias cifras sólo han logrado concretar poco más el 8% de esa meta.

Construir viviendas, sin el complemento del urbanismo y del ordenamiento territorial, en las principales ciudades del país y de su entorno, en nada ayuda a resolver el desarrollo urbano y territorial; todo lo contrario, contribuye de manera directa a aumentar el caos urbano.

El gobierno utiliza los proyectos de vivienda de interés social como una promoción gubernamental y no como una solución integral, dando falsas esperanzas a la población y promocionando la informalidad, la vulnerabilidad y la marginalidad urbana.

Para que haya sostenibilidad en los programas de vivienda, el PRD considera que el Estado debe enfocarse en el desarrollo de un sistema de soluciones transversales  que incluya vialidad, transporte, acceso a agua potable y servicios básicos, acceso al crédito, acceso a espacios públicos de calidad, a la educación y la cultura, que permita el desarrollo sostenible y a la vez el desarrollo humano de manera integral.

 

DESCENTRALIZACIÓN

La descentralización de la gestión gubernamental es una necesidad postergada en Panamá. La aprobación tardía de la ley durante nuestro último gobierno impidió que avanzáramos en ese propósito y la administración anterior simplemente pasó el compromiso a la actual.

La reforma a la ley 37 de 2009, condicionó el proceso de fortalecimiento de nuestros gobiernos locales a una visión estrecha, respecto al alcance y potencialidades de una transformación de la gestión pública, que está llamada a cambiar el modelo de desarrollo del país hacia uno con mayor equidad y participación ciudadana.

Reducir el financiamiento de la descentralización a la transferencia del impuesto de inmueble a los municipios del país; hacerlo además, mediante una distribución sin equidad y sin tomar en cuenta la cantidad de población, los niveles de pobreza, geografía ni la extensión territorial, resulta por decir lo menos: injusto.

Considerar como un gran logro la asignación de B/. 150 Millones para el proceso, de los cuales  poco más de 30 Millones se dirigieron a programas de inversión en los 65 municipios más pobres, administrados desde el Ejecutivo y con una muy baja ejecución, es engañarse y engañar al pueblo.

La suma mencionada no representa siquiera el 1% del Presupuesto General del Estado. Es decir, aquellos municipios que más necesitan la acción del Estado para compensar los seculares niveles de atraso y de pobreza, y donde vive alrededor del 40% de la población panameña, reciben desde esta concepción apenas una quinta parte del 1% del presupuesto nacional, sin que siquiera puedan administrarlos por su propia cuenta.  Eso,  señores del gobierno, no es descentralización.

Desde la perspectiva de nuestro partido, el proceso debe ser asumido con valentía y verdadera voluntad política. Se trata no sólo de dotar a nuestros municipios de mayores recursos, sino de prepararlos administrativa y políticamente para asumir con optimismo un rol protagónico en su desarrollo, de manera planificada y con una cada vez mayor participación de los ciudadanos. Se trata de transferirles competencias, que hoy son responsabilidad de un Gobierno Central, incapaz de atenderlas, para que nuestros gobiernos locales lo hagan.

No se trata de preparar administrativamente a nuestros municipios para que asuman competencias y transferirles recursos, sin ningún tipo controles, más que los convencionales, sino que más allá de ello debemos empoderar a nuestros ciudadanos para que, exigido por la ley, sean actores y gestores de su propio desarrollo, mediante los presupuestos participativos y la fiscalización ciudadana.  

El PRD propone que se diseñen e implementen programas permanentes de capacitación y se asignen los recursos necesarios  para desarrollar las capacidades de los gobiernos locales. Proponemos además, estructurar Planes Estratégicos a nivel regional y municipal, dentro de los cuales se enmarquen todos los proyectos de inversión de nuestros municipios.

 

RELACIONES INTERNACIONALES

Pocas veces la política exterior del Estado panameño ha sido tan invisible y poco efectiva como en este periodo.

Hay que decir que la administración del presidente Varela no ha estado a la altura de los retos que afectan la personalidad internacional del Estado panameño.

Es evidente la falta de visión estratégica, el manejo débil y las actitudes complacientes  del gobierno frente a temas candentes como los mal llamados Papeles de Panamá, los inaceptables efectos extraterritoriales de la  Lista Clinton, el acoso de Francia y la OCDE, el litigio comercial con Colombia y la migración irregular, entre otros problemas, que han debido enfrentarse con la aplicación de una política exterior de sólida defensa de los intereses nacionales.

El PRD exige una posición más enérgica de parte del gobierno, porque nada consecuente resulta dejar en la indefensión a empresarios y trabajadores, y permitir atentados contra la libertad de expresión y la libertad de empresa, sin que se hayan aportado evidencias que justifiquen dicha medida.

Para merecer respeto y ganar poder de negociación, nuestra  diplomacia debe ser multilateral y activa; solo así podremos volver a constituirnos en un actor relevante y competitivo en la escena internacional.

 

INSTITUCIONALIDAD

En todo este escenario lo más preocupante es el deterioro de nuestras instituciones, tan afectadas durante la pasada administración, y a lo que el actual gobierno no ha prestado la debida atención. Mientras se incremente el deterioro institucional, seguiremos profundizando la falta de transparencia en la administración de los recursos de todos los panameños y aumentando los dramáticos niveles de corrupción ya conocidos.

Una de las pocas instituciones que sobrevivió al atropello de la administración anterior fue el Tribunal Electoral. Hoy tenemos la oportunidad de seguir fortaleciendo a una institución que es timbre de orgullo y garantía de nuestra democracia, o por el contrario podríamos tomar el camino equivocado de pretender hacerla retroceder históricamente.

Es bajo estas circunstancias que el PRD en un gesto de desprendimiento y de gran madurez ha propuesto la candidatura de una mujer institucional e independiente para asumir el cargo de magistrado del Tribunal Electoral, a ser electo durante las próximas sesiones de la Asamblea Nacional.

Una vez más reiteramos nuestro llamado a las fuerzas representadas en la Asamblea Nacional para garantizarle a la sociedad panameña el mayor consenso posible en torno a esta decisión.

 

CONCIUDADANOS:

El deterioro institucional al que hemos hecho referencia, la distancia entre instituciones y  ciudadanos, y sobre todo la permanencia de los problemas aludidos, han impuesto en el país un clima de desconfianza y desencanto que impide diálogos y resultados constructivos.

El Partido Revolucionario Democrático está en la disposición de promover ambientes de consenso en la búsqueda de soluciones a los problemas que nos aquejan y que la consulta y el intercambio permitan que la sociedad panameña intervenga de manera directa en esas soluciones.

Para avanzar en nuestros propósitos la primera condición es decirnos la verdad sin maquillaje.

Esa es la propuesta de un PRD  interesado en recuperar la confianza y el protagonismo de nuestro pueblo,  y que sabe que solo de esa manera es posible conseguirla.

La construcción de un mejor país no es tarea de unos cuantos, es misión de todos, vamos a labrar ese camino juntos, sin imposiciones, porque todos tenemos el deber y el compromiso de construir el país que merecemos.

Muchas Gracias.

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