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Opinión

En defensa del Partido Revolucionario Democratico – PRD

Por: Belisario Rodríguez Garibaldo

Omar Torrijos es heredero de una concepción nacionalista y reformista en seno de las fuerzas armadas latinoamericanas desde hace algunas décadas, tal como Perón (Argentina), Arbenz (Guatemala), Caamaño (Dominicana), Velasco (Perú), Seregny (Uruguay), Torrijos (Panamá), y hoy tenemos a Chávez (Venezuela), por un tiempo Gutiérrez (Ecuador), y casi Humala (Perú). Es una perspectiva diferente en el seno de las fuerzas armadas latinoamericanas, que busca a la salvaguarda de los intereses de nuestras naciones, así sea desde una perspectiva nacionalista, reformista y anti imperialista. Esta visión militar se traduce en negarse a convertirse en ejércitos proclives a dictaduras fascistas, derechistas, represivas y aliadas del imperialismo (Pinochet, Videla, Somoza, Strossner, etc.) enmarcadas en ‘la doctrina de la seguridad nacional’, sino más bien ser ejércitos nacionales, defensores de la integridad nacional y promotor de un reformismo social enmarcadas en ‘la doctrina de la acción cívica-militar’, es decir, que el componente militar-policial, este al servicio del desarrollo social y económico de nuestros pueblos, mediante diversos mecanismos de ayuda social, que coadyuven a los gobiernos a minimizar a la situación de pobreza y exclusión social en nuestros países, la cual es el verdadero caldo de cultivo de la violencia social y la inestabilidad política y social.

No negamos que a principios del golpe militar de 1968 hubo muchos abusos, entendemos el sentir de las victimas. No se justifica los abusos contrarios a la ley, tal como la tortura, el asesinato, secuestro, desaparición forzada y exilio forzado; en otros casos se esgrime razones de orden publico y seguridad nacional a través de la suspensión temporal de garantías fundamentales, sobre todo para salvaguarda de la estabilidad del Estado, tal como ocurrió al combatir a las iniciales insurgencias (guerrilla panameñista de Chiriqui o guerrilla izquierdista de Cerro Azul), al igual que el cierre de la Universidad, los medios de comunicación, de empresas y organizaciones, así como arrestos sin juicio previo, que fueron medidas extremas que se tomaron en razón de evitar el desborde de protestas contra el gobierno, en el marco de las garantías fundamentales suspendidas, en razón de la estabilidad del Estado, orden publico y seguridad nacional.

Es importante aclarar que siendo el General Omar Torrijos el Jefe de Gobierno, no estaba en los detalles de los asuntos del sistema de seguridad del Estado, que eran competencia del G-2 (inteligencia militar), dirigidos por el entonces Coronel Manuel Noriega, por lo cual no es de extrañar que mucha de las represiones en los años 70, como después ocurrió en los 80, lleven la marca de su autoría. No niego a los abusos a los derechos humanos por parte de algunos militares, en gran medida no se justificaba ni por razón de seguridad nacional, esperemos que esos hechos históricos de intolerancia política no se vuelvan a repetir nunca mas, por lo cual es sano mantener viva la memoria histórica, en una sociedad donde prevalezca la razón, le democracia, el dialogo social y político.

El General Omar Torrijos fue, sin ninguna duda, asesinado por medio de ese extraño accidente de avión del 31 de julio de 1981, por sugerencia del Comité de Santa Fe a la Casa Blanca, pues Omar Torrijos, y el también muerto en otro extraño accidente de avión, el presidente ecuatoriano Jaime Roldós, obstaculizaban los intereses geo-estratégicos de USA en la región latinoamericana, por el apoyo de Torrijos a la revolución sandinista para derrocar a la sanguinaria tiranía de Somoza, así como a los revolucionarios salvadoreños, guatemaltecos y colombianos. El presidente Reagan aprobó la misión ‘Halcón en Vuelo’, para derribar el avión de Torrijos con una bomba en el porta-equipaje, y la CIA dirigida por George Bush Sr., planifico la acción, y el enlace de la CIA en Panamá, General Manuel Noriega, se encargo de esta acción fuera bien ejecutada, pues así podía escalar hasta ser el nuevo ‘hombre fuerte’ del país, tal como se desprende de informes desclasificados de la CIA.

Más debo defender también a los logros políticos, sociales y económicos del General Omar Torrijos, lo cierto que obtuvimos el Estado Nacional con la reversión del canal y zonas adyacentes a manos panameñas, muy al contrario de lo que presagiaban en la oposición política de aquella época que fue contraria a los tratados canaleros. La neutralidad de Canal y Panamá es lo deseable para el país en el contexto internacional, mas no el derecho unilateral de intervención de USA para hacer valer la neutralidad del Canal, sin embargo de todas formas USA no necesitan de derecho de intervención o derecho internacional que les justifique para invadir un país, como muestra la historia norteamericana.

Debo defender entre otros logros sociales y económicos del General Torrijos y los gobiernos subsiguientes del PRD, que lograron en aquel tiempo a través de reformas sociales y económicas en boga en aquella época, el consiguiente mejoramiento de la situación económica y social del país, a como estaba antes de 1968. Objetivamente los militares y sus colaboradores civiles, mediante una concepción desarrollista, progresista y reformista, con indudable apoyo internacional, hicieron posible en los gobiernos torrijistas, aquello que la oligarquía liberal, por sus divisiones políticas, intereses económicos y corruptelas publicas, no fue capaz de realizar, es decir, reformas sociales y económicas que consolidaran a las estructuras e instituciones del modelo económico panameño.

Puedo enumerar a estos logros gubernamentales torrijistas, en boga en Latinoamérica con el modelo estatista y desarrollista de aquellos años 60 y 70, tan promovido por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de las Naciones Unidas, la Alianza para el Progreso (J.F. Kennedy) y que fue prohijado por USA, Europa, países de Latinoamérica, Tercer Mundo y por los organismos financieros internacionales: reforma agraria, leyes laborales y sociales, reforma urbana y viviendas sociales, infraestructuras y obras publicas, sistema financiero internacional, pujante sector comercial y marítimo, apoyo subsidiario al sector productivo agropecuario e industrial, nacionalizaciones de servicios públicos (luz, agua, teléfono), cooperativismo social, gobiernos locales (poder popular), desarrollo y ampliación educativa, ampliación de la cobertura de salud, apoyo de la participación de organizaciones sociales (estudiantiles, sindicales, gremiales), etc. Este fue la visión revolucionaria y reformista social del General de División Omar Torrijos Herrera (qepd), esa fue su concepción política y fueron a la larga el sentido de los resultados de sus gestiones de gobierno. Como dice la Biblia ‘Por sus acciones les conocerás’. Y así le recuerda la mayoría del pueblo panameño.

No podemos negar el endeudamiento externo que produjo estas reformas socio-económicas, así como a la corrupción de varios políticos de la época torrijista, tal como no podemos negar tampoco que este modelo fue sustituido por todos los sectores políticos en general (torrijistas, panameñistas, liberales, socialcristianos, excepto las izquierdas) por aquel en boga entre los años 1990 y 2000, el modelo de reajuste estructural económico, privatizaciones y apertura de mercados (Consenso de Washington) en actual crisis de resultados. Más no podemos, objetivamente, dejar de ver a los aspectos positivos de los gobiernos torrijistas y del PRD, como tampoco podemos negar por adversarles a los aspectos positivos en las gestiones gubernamentales panameñistas que adversamos desde el PRD, e incluso a las anteriores liberales a 1968, toda vez que Arnulfo Arias creo instituciones sociales (CSS), Guillermo Endara recupero la economía del país, y los gobiernos liberales de antes de 1968 empezaron al desarrollo nacional, sobre todo con el reformismo social del gobierno de Belisario Porras.

Sin embargo tampoco se puede negar que después de la invasión norteamericana, se cometieron en igual forma de abusos y persecuciones contra el PRD. Hubo miembros del PRD exiliados en Perú, Ecuador, Cuba, Nicaragua, Costa Rica, México, España, etc. Hubo campos de prisioneros de guerra en las bases militares norteamericanas, así como centros de damnificados de la invasión, sin mencionar las fosas comunes de miles de muertos. Las nuevas autoridades de Corte Suprema, Contraloría, Procuraduría, PTJ y el Gobierno pos invasión iniciaron indiscriminadas acciones judiciales contra miembros del PRD, que denominamos como ‘terrorismo judicial’, una cantidad de 40 mil expedientes judiciales abiertos, de los cuales la mitad se cerraron por falta de evidencias, siendo acciones motivadas por venganzas personales o políticas, pero sin negar que también hubo algunos casos que bien se basaron en justicia contra abusos cometido en 21 años de poder político del PRD.

La Comisión de la Verdad desempeño su rol investigador, allí esta los informes presentados por su director el abogado Alberto Almanza al gobierno de Mireya Moscoso. Los militares responsables han sido juzgados, condenados y cumplen su pena. Mas también se debe – se tiene por justicia histórica – que crear una Comisión de la Verdad II, que investigue sobre los muertos, desaparecidos y fosas comunes de la invasión norteamericana a Panamá. Si la ‘dictadura militar’ tuvo un centenar de muertos y desaparecidos, el gobierno de ocupación de Guillermo Endara tiene la co-responsabilidad moral sobre miles de muertos y desaparecidos por el 20 de diciembre de 1989. Estos también eran panameños, tanto como los otros.

Vale decir claramente que las primeras medidas de austeridad fiscal, reducción del gasto publico y social, reducción de empleados públicos y privatizaciones fueron tomadas por el gobierno de Guillermo Endara, enmarcadas en el Plan Económico de Guillermo Ford, entonces ministro de Economía. Muchas de estas medidas, hoy vistas como ‘neo-liberales’ fueron propuestas por los Organismos Financieros Internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Consenso de Washington, Club de Paris), sin dejar de mencionar que sin el apoyo financiero de mil millones de dólares de USA a la nueva administración de Endara, difícilmente se hubiera logrado la estabilidad económica del país, así también gracias a las medidas que finalizaron el embargo norteamericano impuesto al anterior gobierno del PRD, y que abrieron a las inversiones de empresas norteamericanas en Panamá.

Lo cierto es que si examinamos la historia de Panamá, concordamos con el filosofo Ricauter Soler que Panamá es la historia de una crisis. También Arnulfo Arias fue autoritario al gobernar, con su pasado medio fascista, también sus gobiernos tuvieron indicios de corrupción, sin mencionar a crímenes como el cometido contra familias judías en Chiriqui (Cotito) descritos en el libro de Arístides Hassan ‘El Holocausto de Chiriqui’. Que gobiernos nos legaron los panameñistas a la larga de su historia política: Endara en medio de una criminal invasión, con crisis social-política y programas económicos de reajuste estructural privatizador; y el gobierno de la Sra. Moscoso, en medio de demagogia populista y corrupción sin limites. Sin que podamos dejar de mencionar el legado de los diversos gobiernos liberales antes de 1968, que manejaban el país como su hacienda personal, en medio de corruptelas, fraudes electorales y persecuciones, que llevo al país a la crisis de gobernabilidad que desemboco en el golpe de Estado de 1968, realizado por militares con el apoyo de civiles, que buscaban adecentar a la Republica, aunque se hayan cometido a posterior los mismos errores y abusos que se pretendían eliminar.

La Historia del Partido Revolucionario Democrático (PRD) ha tenido penas y grandes glorias, también errores históricos que pertenecen a la historia pasada de la Nación, pero además de 40 años de ininterrumpido servicio al pueblo panameño, al desarrollo de la nación y a la Republica. Los problemas socio-económicos del país son innegables desde hace muchos años, en el PRD buscamos los mejores medios para su resolución, pero con las fuerzas opositoras (panameñistas, liberales, etc.), discrepamos y nos diferencian el método mejor. En el PRD hoy proponemos un método que promueva a la inversión privada que genere empleos, libre competencia que reduzca precios al consumidor, un gasto publico racional, un estado de instituciones fuertes, con transparencia publica y mejoras en la eficiencia institucional, apoyo el productor nacional, gasto social equilibrado en servicios públicos (salud, educación, vivienda social, obras publicas, políticas sociales, etc.) y reducción de la pobreza extrema.

Si a la oposición al PRD le parece que han existido en algunas de sus administraciones ciertos indicios de corrupción, bien podrían recabar las pruebas necesarias en interponer a las denuncias correspondientes por los causes legales (Contraloría, Procuraduría o Asamblea Nacional). Todos los presidentes, ministros, diputados y magistrados deben por ley declarar sus haberes y bienes antes de asumir funciones. En nuestro sistema democrático siempre la oposición tendrá todo el derecho de hacer uso de los mecanismos que establece la Constitución y la ley. De igual forma tiene el derecho de realizar la actividad política electoral en plena participación en elecciones libres, pero en democracia el ciudadano toma sus decisiones con los votos, por lo cual sugiero que siempre se debe actuar responsablemente, pues existe delimitados marcos legales para actuar, demandar, denunciar, enunciar o parlamentar.

Pienso que se debe intentar ver con objetividad nuestra historia patria, a pesar de las diversas concepciones y pasiones políticas que nos diferencian, así como actuar con sentido responsable de la ética política y electoral, así como también poder examinar nuestra historia nacional en toda su dimensión y perspectivas, para poder definir a los momentos presentes y avizorar con responsabilidad política el mejor porvenir de la nación y de la Republica, en virtud de los mejores intereses del pueblo panameño, y del devenir de las presentes y futuras generaciones.

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