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Asamblea Nacional de Diputados

Al ruedo proyecto sobre escoltas y modificación del Código Electoral

La derogación de la ley que extiende el servicio de escoltas para familiares de expresidentes, una reforma al Código Electoral relativa al proceso de impugnación y la regulación de los voluntariados fueron prohijados en la Comisión de Gobierno, este martes.

En su primera sesión, esta instancia aprobó por unanimidad darle curso para el primer debate a dichas propuestas de ley producto de la iniciativa de los diputados de las diferentes bancadas.

El anteproyecto 24 pretende restablecer la disposición original de la Ley 55 de 1996, que autoriza el servicio de seguridad personal de los mandatarios, una vez concluya su periodo presidencial.

De acuerdo con el proponente, el diputado Juan Carlos Arango, el documento que propone seguridad para los familiares contemplada en la Ley 11 de 2014 fue inconsulto y, además, implica una serie de costos para el pago de los escoltas, los cuales serán sufragados por el Estado.

Impugnación no debe afectar a de diputados
El anteproyecto 32 del diputado Pedro Miguel González busca reformar el artículo 347 del Código Electoral a fin de que los candidatos en circuitos plurinominales, que son proclamados y que no tengan ninguna relación con las demandas de nulidad, reciban sus credenciales.

En su exposición, González dijo que este hecho es fehaciente en las recientes elecciones cuyas impugnaciones presentadas ante el Tribunal Electoral han provocado zozobra y falta de coordinación, tanto en la composición como el funcionamiento de la Asamblea Nacional.

La modificación establece que en los circuitos plurinominales solo se dejará de entregar la credencial al candidato que afecte la causal de impugnación invocada y deberá entregarse a los demás candidatos que hubieren participado de la elección y que hayan sido previamente proclamados.

En cuanto al anteproyecto de ley 22, que nace del parlamentario Luis Eduardo Quirós, su objetivo es brindarle marco legal al voluntariado en la República de Panamá, que es una forma de participación ciudadana en apoyo al desarrollo humano a través de su participación en organizaciones, fundaciones, asociaciones y llamadas ONG.

Quirós destacó que la propuesta surge luego de una encuesta sobre el voluntariado en el 2012, la cual arrojó que el 20 por ciento de la población urbana es voluntaria y que esas personas que participan en esas organizaciones de voluntarios son las que donan más dinero a causas sociales.

Dijo que son elementos que sostienen que en Panamá debe existir una legislación para establecer aspectos fundamentales como principios, operación y disposición financiera del cuerpo voluntariado.

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