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Foro para diputados sobre la política de responsabilidad social fiscal

La Secretaria Técnica de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional retoma, este viernes, el Programa de “Viernes Académicos” con el tema “Responsabilidad Social Fiscal en Panamá”.

Con la llegada de los nuevos integrantes al Parlamento panameño,  se ha programado  una serie de charlas de docencia sobre temas de interés social, económico, familiar y político.

La  intención de este órgano del Estado va orientada a instruir a los diputados sobre algunas leyes aprobadas que necesitan una mayor explicación de expertos por su contenido técnico.

En este caso, la Secretaría Técnica de Asuntos Económicos programó a las 9:00 a.m del 31 de julio, en el Salón de Presupuesto, una charla en referencia al citado asunto de orden económico cuya reunión contará con la presencia del presidente de la Comisión de Hacienda, José I. Blandón.

Corresponderá al experto en  materia económica Merino Ábrego Rodríguez dirigir la conferencia. El funcionario es licenciado en economía, posee un post-grado de Administración Pública con especialización en programación y presupuesto y una maestría en Finanzas de la Universidad de Toledo, en Ohio, Estados Unidos.

Como elementos relevantes, hay que destacar que la ejecución de la Ley de la Responsabilidad Social Fiscal en Panamá constituye una principal herramienta en  el manejo de una sana política financiera  respetando acuerdos y seguimiento relacionados con el manejo de las finanzas públicas establecidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Es entonces que el país, como miembro fundador del FMI desde los años 70, concretó en el 2002 la Ley 20, que dicta medidas de reactivación económica y de responsabilidad fiscal, la que define el déficit fiscal y los límites de endeudamiento público.

Luego esta norma fue derogada por la Ley 34 de 2008, mediante la cual se establece límites financieros, y recientemente se aprobó la Ley 32 de 2009, que modifica el artículo 11 de 2008 sobre el tope de déficit presupuestario. Antes de la aprobación de la norma jurídica, Panamá tenía autorizado un déficit equivalente al 1% del producto interno bruto (PIB).

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