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Asamblea Nacional de Diputados

Proyecto de ley contra la corrupción pública se discutirá en enero

Los miembros de la Asamblea Nacional contemplan discutir, en segundo debate, una iniciativa legislativa que pretende mejorar los instrumentos y mecanismos contra la corrupción pública, con el fin de dar mayores atribuciones a la Contraloría General de la República para investigar el enriquecimiento ilícito. La norma forma parte, igualmente, de los compromisos adquiridos por Panamá al conmemorarse el próximo miércoles 9 de diciembre, “Día Internacional contra la Corrupción”, declarado por las Naciones Unidas.

El proyecto de ley No.44, de la iniciativa del parlamentario José I. Blandón, adiciona y modifica artículos a la Ley No.59 de 1999, creada para prevenir y sancionar los actos de corrupción en la gestión estatal.

Según el proponente, la propuesta surge del informe de la Comisión de Estado por la Justica y por el Diálogo por la Concertación Nacional, que entre sus recomendaciones prioritarias, incluyen el fortalecimiento de la legislación de transparencia y rendición de cuentas.

Una de estas reformas incluye que el servidor público declarante de su patrimonio ante el notario deberá enviar copia auténtica de su declaración a la Contraloría General de la República. El Ministerio de Economía y Finanzas y las autoridades jurisdiccionales podrán solicitar al respectivo notario o a la Contraloría General de la República copia auténtica de la declaración del servidor público de que se trate para los efectos legales pertinentes

La Ley No.59, que también fue propuesta por Blandón, desarrolla el artículo 299 de la Constitución Política, el cual obliga a un sinnúmero de funcionarios públicos a presentar declaración jurada de estado patrimonial al inicio y término de sus funciones.

En ella se establece cuál debe ser el contenido mínimo de la declaración jurada patrimonial, sanciones para aquellos que no acaten dicha obligación. Además, atribuye a la Contraloría General para investigar el enriquecimiento indebido y obliga al notario público a depositar copia de la declaración en su protocolo, lo cual equivale a colocar dicha información al alcance de cualquier ciudadano.

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