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Informe de Gabinete

Gabinete aprueba postergar por seis meses adicionales entrada en vigencia de ley que regula agencias de seguridad

El Consejo de Gabinete aprobó un proyecto de ley en el que posterga por seis meses adicionales la entrada en vigencia de la Ley 56 de 7 de marzo de 2011 que regula los servicios privados de seguridad.

Tal proyecto fue presentado por el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, quien dijo que la decisión surge con el ánimo de alcanzar durante este periodo de seis meses un consenso con todas las partes involucradas, y lograr el mejor resultado posible de la puesta en marcha de esta norma.

El Consejo de Gabinete, el año pasado, había aprobado, de manera íntegra, la propuestas que regulaba la agencia de seguridad privadas proveniente del consenso alcanzado, y en cuyas discusiones tuvieron activa participación miembros de la Cruzada por la Paz.

Ese proyecto, que fue enviado a la Asamblea Nacional de Diputados, recibió modificaciones durante el primer y segundo debate que fueron aprobadas con la asistencia de diputados de todas las bancadas y miembros de la Cruzada por la Paz. En la norma se establecía que entraría en vigencia en un año.

Las modificaciones incorporadas en los debates en la cámara de diputados levantaron voces de protestas a pocos días de que iniciara su aplicación.

Ante esa realidad, el Consejo de Gabinete aprobó la tarde de este martes 29 de mayo de 2012 el mencionado proyecto de ley que prorroga la vigencia de la Ley 56 de 7 de marzo de 2011 por seis meses adicionales, y acuerpó la Resolución No. 53 que autoriza al Ministro de Seguridad a presentar la referida iniciativa ante la Asamblea Nacional de Diputados.

Mientas tanto, el presidente Ricardo Martinelli aprobó el Decreto Ejecutivo N. 378 de 29 de mayo de 2012 en el que se adiciona un numeral al Decreto Ejecutivo No. 335 de 16 de mayo de 2012 por el cual el Órgano Ejecutivo convoca a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias.

El citado Decreto busca incorporar a las sesiones extraordinarias el proyecto que prorroga la vigencia de la Ley 56 de 7 de marzo de 2011 que regula los servicios privados de seguridad y dicta otras disposiciones.

Gabinete autoriza convenio entre Aeronáutica y OACI

El Consejo de Gabinete aprobó una resolución en la que se emite concepto favorable al convenio a celebrarse entre la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) que contempla una inversión de 3 millones 373 mil balboas.

La presentación de la iniciativa fue llevada a cabo por Rafael Bárcenas, director general de Aeronáutica Civil, quien dijo que este convenio surge en virtud de un acuerdo complementario al Acuerdo Básico entre Panamá y la Organización de las Naciones Unidas, sus agencias especializadas y la AIEA.

Dicha propuesta se denomina Creación de Capacidades Técnicas para incrementar las funciones de seguridad operacional, seguridad de la aviación, navegación aérea y administración, atendiendo el crecimiento de los aeropuertos, aeronaves y explotadores aéreos.

Bárcenas recordó que desde 1999, Panamá ha desarrollado relaciones técnicas para fortalecer la aviación civil en Panamá con la Oficina de Cooperación Técnica de la Organización de Aviación Civil Internacional, entidad de la Naciones Unidas responsable de normar y fiscalizar los sistemas aéreos de los Estados, a nivel mundial, y la Aeronáutica deberá afrontar y cumplir nuevos compromisos técnicos para operar nuevas obras aeroportuarias.

Es por ello, dijo, se prevé la realización de un nuevo proyecto de asistencia técnica, mediante el cual se capacitará al personal técnico y administrativo que laborará en el funcionamiento de terminales portuarias, y se dotará de equipos menores que garanticen la eficiencia y seguridad en el funcionamiento de esos aeropuertos.

Consejo de Gabinete aprueba medidas para fomentar generación a base de gas natural

El Consejo de Gabinete aprobó un proyecto en el que se adoptan medidas para el fomento de la construcción y explotación de centrales de generación a base de gas natural destinadas a la prestación del servicio público de electricidad.

La propuesta fue sustentada por Juan Urriola, secretario de Energía, quien explicó que la iniciativa busca asegurar la disponibilidad y el abastecimiento sostenible de energía con miras a atender la demanda nacional a largo plazo; incorporar, al sistema energético, los estratos de la población que actualmente no cuentan con acceso a las fuentes comerciales de energía así como fomentar la instalación de nuevas fuentes de energía con base en el gas natural.

De igual manera, dijo, se pretende con esta propuesta consolidar el marco institucional y normativo sectorial asimismo como diversificar la matriz energética del país, haciéndola menos dependiente de los combustibles líquidos tradicionales que afectan el medio ambiente y continúan causando un impacto económico importante en los ejercicios fiscales de la Nación al requerir de medidas que amortigüen el impacto en los usuarios de estos esenciales servicios.

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