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JCJ aplica acciones administrativas

La Junta de Control de Juegos (JCJ) llegó a un acuerdo favorable al Estado que le permita reducir la cantidad de salas de máquinas tragamonedas tipo “A” que operan a nivel nacional, y poder brindar una respuesta satisfactoria al pueblo panameño con respecto al escándalo que envuelve a los accionistas minoritarios de la empresa GAMING & SERVICE DE PANAMA, S.A., informó Giselle Brea, secretaria de la Junta de Control de Juegos.

La funcionaria explicó que luego de identificar las mejores condiciones para el país se llegaron a los siguientes acuerdos y acciones administrativas:

(1) Se cancelarán los contratos de administración y operación que mantienen las empresas COMPUT BINGO, S.A., COMPETICIONES DEPORTIVAS, S.A., LUCKY GAMES, S.A., SILVER CUP, S.A., con el Estado que fueron otorgados de forma directa, sin haber participado en ninguna licitación pública.

(2) Se cerrarán las siguientes salas de máquinas tragamonedas Tipo “A”: Penonomé, Bugaba, Changuinola, Las Tablas, que tenían la empresas Silver Cup y Lucky Games, por considerarse que las comunidades en donde están ubicadas dichas salas no reúnen las condiciones socio-económicas necesarias y, a su vez, desmejora las condiciones de vida de la población.

(3) Con el fin de preservar empleos existentes y reconocer derechos obtenidos a través de una licitación pública el 3 de diciembre de 1997, para la instalación de salas de máquinas, se le concederá a la empresa GAMING & SERVICES DE PANAMA, S.A., la operación de doce (12) salas de máquinas tragamonedas tipo “A”, a cambio de doce millones de balboas (B/12,000.000.00), a razón de un millón de balboas por cada sala.

(4) En lo referente a la “Igualdad de Condiciones” se acordó que la empresa CIRSA deberá pagar al Estado la suma de seis millones de balboas (B/6,000.000.00), monto que se dejó de percibir por el mal uso de las equiparaciones.

(5) Además de recibir un pago total de dieciocho millones de balboas (B/18,000.000.00), los impuestos a las salas de juegos serán renegociados por el Estado a favor del pueblo panameño.

(6) “GAMING & SERVICES DE PANAMA S.A., debe presentar, en un plazo no mayor de 30 días, una declaración jurada ante la Junta de Control de Juegos certificando que la empresa española CIRSA es propietaria del 100% de las acciones y no existe ningún otro beneficiario”.

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