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Presidente Martinelli pide perdón a nombre del Estado por envenenamiento masivo con dietilenglicol

Gobierno realiza primer pago de pensión vitalicia a dependientes y sobrevivientes afectados por el jarabe contaminado con dietilenglicol
El presidente Ricardo Martinelli, en nombre del Estado panameño, pidió perdón a los familiares y afectados por el jarabe contaminado con detilenglicol, durante el acto de entrega del primer pago de la pensión vitalicia que les otorga el Gobierno con el propósito de que tengan mejor calidad de vida, algo que consideró debió hacerse desde la pasada administración responsable de la tragedia.

“Este es un problema de un gobierno anterior, es un problema del Estado y de todos los panameños y yo como Presidente de este país no tengo palabras para decirles lo que les voy a decir: les pido disculpas a nombre del Estado”, afirmó el mandatario visiblemente conmovido.

El jefe del Ejecutivo advirtió que las disculpas no son suficientes porque “nada de lo que digamos o hagamos justifica la perdida de una vida humana”.

El Presidente precisó que si esta situación hubiera acontecido durante su mandato habría hecho exactamente lo mismo que hizo, pedirle disculpas a todos los afectados y al pueblo panameño. Además añadió que “esto jamás debió suceder y espero que no suceda nuevamente en Panamá ni en ningún otro país del mundo”.

“Trataremos de enmendar todos los entuertos que nos han dejado los gobiernos anteriores porque tenemos que darle la cara al pueblo panameño y asumir responsabilidades cuando algo sucede”, recalcó Martinelli.

Durante su gestión, destacó el Presidente que se han dado respuestas al pago de indemnizaciones pendientes de gobiernos anteriores, entre las que mencionó la otorgada a los ex trabajadores del extinto Ferrocarril de Panamá, de los puertos de Cristóbal y Balboa y a los de las bananeras de Barú (Coosemupar).

Además el Presidente adelantó que el próximo 13 de diciembre se pagarán los décimo tercer mes adeudados a los servidores públicos durante la época militar.

Este primer pago, que será retroactivo a enero de 2013, se benefició a 104 personas entre sobrevivientes y familiares de afectados por el envenenamiento masivo.

El primer pago se realizó a los afectados que completaron los trámites requeridos por la Comisión Interinstitucional conformada por el Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social (CSS) y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

El pago de la pensión vitalicia lo hará la CSS, con fondos proporcionados por el Ministerio de Economía y Finanzas, para lo cual cuenta con un presupuesto de 7 millones de balboas para el presente año y que irá aumentando a medida que se vaya incrementando el número de pensionados por esta causa. El monto de la pensión será revisado cada 2 años y ajustado según se requiera.

Además de la pensión vitalicia, los afectados reciben atención integral en el Centro Especial de Toxicología de la CSS, donde se ha dispuesto personal de salud especializado, equipos de alta tecnología y medicamentos para el tratamiento de estos pacientes.

La decisión de optar por la pensión vitalicia es de índole voluntario y podrán recibirla todos los afectados, cuyos casos estén registrados en las diferentes fiscalías del país.

Durante la actual administración se puso en funcionamiento el Centro Especial de Toxicología de la CSS con el fin de darle atención expedita en sus respectivos tratamientos a los afectados por el envenenamiento con dietilenglicol.

En el 2006, durante la administración de gobierno anterior, las autoridades médicas del país detectaron la intoxicación de medicamentos elaborados por la CSS con dietilenglicol, lo que ha causado la muerte de un centenar de asegurados que utilizaron dichos medicamentos y es considerado el peor caso de intoxicación por dietilenglicol en el mundo.

En el acto participaron el ministro de la Presidencia, Roberto Hernríquez; el ministro de Salud, Javier Díaz; el ministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino; la vice ministra del a Presidencia, Sigryd Barragán; el director de la Caja de Seguro Social, Guillermo Saez-Llorens y la defensora del Pueblo, Lilia Herrera.

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